El intervencionismo es una acción de regulación administrativa del Estado sobre cualquier ente público o privado para disminuir su autonomía. Lo hace fijando las normas de funcionamiento que debe seguir el ente intervenido, es decir, definiendo la política de intervencionismo.
En la práctica, el término es usado principalmente en el campo económico y cuando es la actividad privada la que se ve afectada por el Estado interventor. Por eso, el término «intervencionismo» tiene una connotación negativa, pues utópicamente el Estado debería mantenerse separado de la actividad económica privada.
Sin embargo, en muchos países, la política de intervencionismo puede superar los límites requeridos. En la historia de la economía se han dado casos de países que han pasado de un control férreo de la economía por parte del Estado, a la situación completamente opuesta, en la que ocurre una mínima intervención. Generalmente, los países se encuentran en niveles intermedios de regulación estatal.
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Bases de la política de intervencionismo
Teoría de Keynes
En el año 1929, Estado Unidos sufrió una gran depresión económica que llevó a la población a la hambruna extrema. La causa principal de su magnitud fue considerar que el mercado era autosuficiente para salir de la crisis.
En el año 1936, el economista John Maynard Keynes desarrolló una teoría que criticaba esa postura liberal de la economía. Keynes sostuvo que era indispensable la creación de empleo a través de la intervención del Estado. Esta acción inyectaría dinero en la población generando más empleo y creando una espiral ascendente de bonanza económica.
Con su propuesta de política de intervencionismo de Estado, logró sacar a los Estados Unidos de la depresión y llevarlo nuevamente a ser una potencia económica. La Teoría Keynesiana mantuvo su vigencia hasta los años ’70 cuando ocurrió el fenómeno de estanflación, estancamiento con inflación. Esto obligó a su revisión y propuesta de nuevas teorías.
Objetivo de la intervención estatal
El objetivo de la aplicación de una política de intervencionismo estatal debe ser actuar como regulador de la economía del país. Es decir, marcar las pautas a la actividad económica de forma de lograr una economía fuerte. Sin embargo, como decíamos anteriormente, existen límites extremos de aplicación de una política de intervencionismo estatal.
Cuando la economía de un país es dirigida enteramente por el Estado ya no se habla de intervencionismo estatal sino de economía socialista. Por el contrario, si no existe intervencionismo estatal estamos ante un modelo de economía liberal.
Con la intervención estatal se busca, por un lado, atender las necesidades básicas de la población, no satisfechas por la economía privada. Estas son: administración de justicia, acceso a la salud y a la educación, infraestructura pública, etc. Por otro lado, debe ejercer el control sobre actividades económicas susceptibles de convertirse en monopolios: servicio de correo, transporte público, luz, gas y agua corriente.
Formas de regulación de la intervención estatal
La política de intervencionismo que aplique un Estado puede tomar diferentes formas que dependen, principalmente, del nivel de regulación. Lo hace a través de leyes y decretos. Algunas de las acciones de intervención son:
- Carga impositiva. Representa los impuestos que deben pagar cada ciudadano, institución o grupo económico.
- Retenciones. Se refiere a las cantidades de dinero que el pagador les descuenta del sueldo a sus contribuyentes.
- Determinación del salario mínimo. Se establece la cantidad mínima de dinero que recibe un trabajador con base en un determinado período laboral.
- Condiciones de trabajo. Establecidas mediante leyes que regulan los aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo.
- Control y regulación de precios. Fijación de los precios de bienes y servicios para evitar la especulación.
- Control cambiario para monedas extranjeras. Se establece como medida política para defender el valor de la moneda del país y el de sus reservas.
- Aranceles a transacciones económicas. A la importación, exportación y tránsito de productos.
Pros y contras de la política de intervencionismo
Los principales beneficios de aplicar una política de intervencionismo estatal son sociales. Una política correctamente aplicada eleva la calidad de vida de las personas de cualquier nivel social, mejorando las condiciones generales del país.
Es por esto que resulta beneficioso para un país con condiciones de vida de la población precarias aplicar un plan de intervención. Este permitiría repartir de forma más equitativa la renta producida por la recaudación de impuestos. Pero esta intervención en países subdesarrollados ha llevado a prácticas populistas, autodenominadas socialistas, que en nada han favorecido a su economía.
Por otra parte, sin una adecuada regulación económica por parte del Estado, surgen desequilibrios entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Esto produce ciclos económicos de altas y bajas, lo que produce inestabilidad y falta de confianza en la economía del país. Además, la economía liberal fomenta el control por parte de monopolios o de oligopolios que determinan los precios de los productos. Finalmente, promueve también la desigualdad social por la distribución desigual de la renta.
¿Es siempre saludable aplicar una política de intervención?
Un ejemplo evidente del mal uso de la intervención del Estado se puede observar en las políticas aplicadas en el archipiélago canario. En esta región eminentemente turística, las decisiones las toman únicamente los políticos, además con una carga burocrática que puede involucrar las administraciones nacional, autonómica, insular y local. Esta situación ha provocado la ralentización del proceso de desarrollo, desviando los recursos a invertir hacia otros mercados.
Intervencionismo en España
Para el año 2017, España ocupaba el puesto 19 de entre 28 países de la Unión Europea en cuanto a la intervención estatal. Para la elaboración del informe se tomó en cuenta el grado de libertad de elección de los ciudadanos.
Se consideraron prohibiciones de consumo, restricciones en la publicidad, recargos fiscales, entre otros. Sin embargo, esta medición no midió los efectos de la regulación. En España, un 74% de los ciudadanos considera que el Estado debe intervenir para mantener un nivel de vida digno. El resto considera que son ellos mismos los responsables de su propio bienestar. ¿Bueno o malo? Depende…