Más de 51.000 horas de actividad aparente de pesca de arrastre fueron detectadas durante 2025 en seis áreas marinas protegidas de España, según una investigación presentada el 22 de octubre de 2026. El análisis identifica movimientos compatibles con esta modalidad pesquera de 205 embarcaciones, incluidas 3.456 horas sobre fondos marinos catalogados como vulnerables. Los resultados ponen de manifiesto las dificultades para garantizar la conservación de espacios naturales que, más de una década después de su declaración, todavía carecen de planes de gestión específicos.
Las seis zonas pertenecen a la Red Natura 2000, el principal instrumento europeo de protección de hábitats y especies. Aunque fueron designadas en 2014 por su elevado valor ecológico, las medidas destinadas a regular determinadas actividades humanas siguen pendientes de aprobación.
La investigación, realizada por la organización de conservación marina Oceana, llega en un momento especialmente relevante: el Gobierno tiene cuatro planes de gestión en tramitación y las entidades conservacionistas reclaman su aprobación antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
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Más de 200 barcos realizaron actividades compatibles con la pesca de arrastre
El estudio examina los movimientos de embarcaciones registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 mediante datos de seguimiento marítimo.
Los resultados identifican más de 51.000 horas de actividad aparente de arrastre, correspondientes a 205 buques que operaron en los seis espacios seleccionados.
De ese volumen, 3.456 horas se localizaron sobre hábitats previamente cartografiados como vulnerables, lo que representa aproximadamente el 6,8% de toda la actividad detectada.
La investigación utiliza herramientas de análisis capaces de reconocer patrones de navegación compatibles con determinadas técnicas pesqueras. Sin embargo, estos sistemas presentan limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados.
Las cifras reflejan actividad pesquera aparente, no 51.000 horas de infracciones confirmadas.
Para determinar si una embarcación ha incumplido la legislación sería necesario comprobar las restricciones aplicables, sus autorizaciones y las circunstancias concretas de cada operación.
La investigación sí permite identificar una presión pesquera considerable en espacios declarados para conservar ecosistemas sensibles.
Cuáles son las seis áreas marinas protegidas afectadas
Las zonas analizadas se encuentran distribuidas por el Mediterráneo, el Atlántico y el mar Cantábrico. Todas forman parte de la Red Natura 2000 y albergan hábitats o especies de especial interés ambiental.
| Área marina protegida | Localización | Características principales |
| Canal de Menorca | Islas Baleares | Fondos marinos y comunidades bentónicas |
| Sistema de Cañones Submarinos de Avilés | Asturias, mar Cantábrico | Cañones submarinos y ecosistemas profundos |
| Espacio Marino de Alborán | Mar de Alborán | Hábitats marinos de elevada biodiversidad |
| Sur de Almería-Seco de los Olivos | Andalucía oriental | Elevaciones submarinas y comunidades vulnerables |
| Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz | Golfo de Cádiz | Formaciones geológicas y hábitats singulares |
| Sistema de Cañones Submarinos Occidentales del Golfo de León | Mediterráneo noroccidental | Cañones y ecosistemas marinos profundos |
La inclusión de estas áreas en la investigación no significa que toda su superficie tenga idéntico grado de vulnerabilidad.
Tampoco implica que cualquier actividad pesquera desarrollada dentro de sus límites esté prohibida.
Las restricciones dependen de la normativa aplicable y de las medidas de conservación establecidas para cada espacio.
Precisamente, la ausencia de instrumentos específicos de gestión constituye una de las principales preocupaciones de las organizaciones ambientales.
Por qué la pesca de arrastre puede dañar los fondos marinos
La pesca de arrastre de fondo utiliza redes remolcadas por embarcaciones para capturar especies comerciales que viven cerca del lecho marino.
Dependiendo del arte empleado, distintos componentes del equipo entran en contacto con el fondo y pueden provocar alteraciones físicas.
Entre sus principales impactos potenciales destacan:
- Deterioro de hábitats: los equipos pueden dañar organismos y estructuras presentes sobre el fondo marino.
- Alteración de sedimentos: el desplazamiento de las redes puede levantar partículas y modificar las condiciones ambientales.
- Capturas no deseadas: determinadas operaciones pueden recoger especies distintas de las que constituyen su objetivo comercial.
- Daños a organismos de crecimiento lento: algunas comunidades marinas necesitan décadas para recuperarse de perturbaciones importantes.
- Pérdida de biodiversidad: la presión repetida puede modificar la composición de las comunidades que habitan el lecho marino.
La magnitud de estos efectos depende de factores como la profundidad, el tipo de fondo, la frecuencia de las operaciones y las características de los equipos.
No todas las modalidades de arrastre producen consecuencias idénticas. Sin embargo, existe una preocupación científica particular cuando estas actividades se desarrollan sobre ecosistemas vulnerables.
Corales de aguas frías, praderas de posidonia y arrecifes entre los ecosistemas amenazados
Los seis espacios investigados albergan diferentes comunidades biológicas especialmente sensibles a las alteraciones físicas.
Entre los hábitats presentes en estas áreas destacan las praderas de posidonia, fundamentales para la biodiversidad mediterránea.
Estas plantas marinas proporcionan refugio a numerosos animales, contribuyen a estabilizar los sedimentos y participan en procesos ecológicos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas costeros.
Su recuperación puede ser extraordinariamente lenta cuando sufren daños importantes.
También existen comunidades de corales de aguas frías, organismos que habitan a profundidades considerables y no necesitan temperaturas elevadas ni exposición directa a la luz solar.
Algunos forman estructuras complejas que sirven de refugio a otras especies.
Los cañones submarinos, por su parte, presentan condiciones oceanográficas particulares y pueden concentrar una importante diversidad de organismos.
Los volcanes de fango del Golfo de Cádiz también generan entornos singulares, con comunidades adaptadas a características específicas del fondo.
La conservación de estos ecosistemas resulta especialmente compleja porque muchos se encuentran a profundidades que dificultan su observación y seguimiento.
Por qué puede haber pesca de arrastre dentro de un área marina protegida
La declaración de un espacio como área marina protegida no supone necesariamente la prohibición de todas las actividades humanas.
La Red Natura 2000 busca conservar determinados hábitats y especies mediante medidas adaptadas a las características de cada territorio.
En algunos espacios pueden mantenerse actividades económicas compatibles con los objetivos ambientales, mientras que otros necesitan restricciones más estrictas.
Por tanto, la presencia de barcos pesqueros dentro de una zona protegida no demuestra automáticamente que se esté incumpliendo la legislación.
El problema aparece cuando las actividades autorizadas pueden comprometer los elementos naturales que motivaron su protección.
Para evitarlo, los planes de gestión deben identificar los ecosistemas que necesitan medidas específicas, evaluar las presiones existentes y determinar qué actividades pueden desarrollarse.
También deben establecer mecanismos de seguimiento para comprobar si las restricciones realmente contribuyen a mejorar el estado de conservación.
Sin estos instrumentos, resulta más difícil garantizar una gestión coherente y proporcionar seguridad jurídica a los sectores que utilizan esos espacios.
España acumula años de retraso en los planes de protección marina
Las seis áreas estudiadas fueron designadas en 2014, pero sus planes específicos de gestión siguen pendientes desde 2021.
La situación está relacionada con los retrasos del proyecto LIFE IP INTEMARES, una iniciativa destinada a mejorar la conservación de los espacios marinos españoles incluidos en la Red Natura 2000.
El programa dispone de aproximadamente 50 millones de euros de financiación pública y contempla actuaciones científicas, administrativas y de coordinación institucional.
Su finalización estaba prevista inicialmente para 2024.
Sin embargo, los retrasos obligaron a solicitar dos ampliaciones del calendario, la última de ellas hasta 2027.
Entre las dificultades identificadas se encuentra la elaboración de las propuestas de gestión pesquera que deben aplicarse en determinadas áreas.
La ausencia de estos instrumentos afecta tanto a la planificación ambiental como a la actividad económica.
Por una parte, retrasa la aplicación de medidas destinadas a proteger hábitats sensibles.
Por otra, mantiene la incertidumbre sobre las futuras condiciones de explotación para los profesionales del sector pesquero.
Cuatro planes de gestión pendientes podrían aprobarse antes de las elecciones
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicado que cuatro planes de gestión marina se encuentran actualmente en tramitación.
Los procedimientos superaron la fase de consulta pública celebrada en junio de 2026 y corresponden a espacios del Mediterráneo, entre ellos Alborán, Sur de Almería-Seco de los Olivos y el ámbito de los cañones submarinos occidentales y del Golfo de León.
Las organizaciones conservacionistas reclaman que los cuatro instrumentos se aprueben antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
El objetivo es evitar nuevos retrasos en la puesta en marcha de medidas consideradas necesarias para proteger los ecosistemas.
La aprobación de los planes permitiría establecer obligaciones y restricciones más concretas, aunque su eficacia dependería posteriormente de la vigilancia, el cumplimiento y la evaluación de los resultados.
La tramitación administrativa constituye, por tanto, una etapa necesaria, pero no suficiente para garantizar una conservación efectiva.
La falta de datos oficiales dificulta evaluar la actividad pesquera
Otro aspecto relevante de la investigación es la disponibilidad de información sobre los movimientos de las embarcaciones.
El análisis se elaboró utilizando datos de Global Fishing Watch, una plataforma que combina información de seguimiento marítimo y herramientas de análisis para identificar actividades humanas en el océano.
Estos registros permiten estudiar grandes superficies marinas, pero no sustituyen todas las comprobaciones necesarias para acreditar una infracción.
Los investigadores solicitaron información oficial sobre el seguimiento de la flota al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según Oceana, el departamento no facilitó los datos requeridos.
La organización considera que esta circunstancia dificulta evaluar de forma independiente las presiones pesqueras existentes en los espacios protegidos.
El acceso a información suficientemente detallada permitiría contrastar las estimaciones, mejorar el seguimiento ambiental y comprobar con mayor precisión el cumplimiento de las restricciones.
Sin embargo, la publicación de estos registros también debe respetar las obligaciones legales sobre información sensible y los derechos de los operadores.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la transparencia necesaria para proteger los recursos públicos y la seguridad jurídica del sector.
España protege cerca del 25% de sus aguas, pero todavía tiene retos pendientes
España ha ampliado considerablemente la superficie marina incluida en distintas figuras de protección ambiental durante los últimos años.
En 2026, aproximadamente una cuarta parte de sus aguas se encuentra bajo alguna categoría de protección.
El avance forma parte de los compromisos internacionales y europeos destinados a conservar la biodiversidad marina.
Uno de los principales objetivos consiste en alcanzar el 30% de protección de los océanos para 2030.
Sin embargo, la superficie protegida es solo uno de los indicadores necesarios para evaluar los resultados.
También hay que conocer si las zonas cuentan con planes de gestión, si las actividades humanas están adecuadamente reguladas y si los ecosistemas mantienen o mejoran su estado de conservación.
Una declaración administrativa puede contribuir a proteger un espacio, pero necesita medidas concretas para producir resultados ambientales verificables.
Esta diferencia resulta particularmente relevante en los fondos marinos, donde determinadas alteraciones pueden permanecer ocultas durante años.
La conservación de los fondos marinos también afecta al futuro de la pesca
La protección ambiental y la actividad pesquera no tienen por qué representar intereses incompatibles.
Numerosas comunidades costeras dependen económicamente del mar, y mantener sus ecosistemas en buen estado resulta esencial para sostener esa actividad a largo plazo.
Los fondos submarinos proporcionan alimento, refugio y espacios de reproducción a distintas especies.
Su deterioro puede alterar procesos ecológicos que contribuyen al mantenimiento de los recursos pesqueros.
Por ese motivo, las políticas de conservación deben considerar tanto las necesidades ambientales como las consecuencias económicas y sociales de las restricciones.
Entre las posibles medidas figuran las limitaciones espaciales, los cambios en determinadas artes pesqueras, los cierres temporales y los sistemas de seguimiento de la actividad.
Su aplicación requiere criterios científicos, objetivos verificables y participación de los sectores afectados.
También resulta necesario evaluar periódicamente sus efectos para comprobar si realmente contribuyen a recuperar los ecosistemas.
El verdadero desafío es conseguir que las áreas protegidas funcionen
Los datos difundidos el 22 de octubre de 2026 muestran una situación que plantea importantes desafíos para la conservación marina española.
Las más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente registradas en seis espacios de la Red Natura 2000 no constituyen por sí solas una prueba de miles de infracciones, pero sí evidencian una actividad que debe evaluarse frente a los objetivos de protección de esas áreas.
Las 3.456 horas detectadas sobre hábitats vulnerables refuerzan la necesidad de disponer de instrumentos de gestión específicos.
La aprobación de los planes pendientes permitiría establecer reglas más claras y mejorar el seguimiento de las actividades desarrolladas en estos espacios.
España ha avanzado en la ampliación de su superficie marina protegida. El siguiente desafío consiste en demostrar que esa protección se traduce en resultados medibles para los ecosistemas.
La conservación de los océanos no se mide únicamente por los kilómetros cuadrados declarados protegidos, sino por la capacidad de mantener vivos los hábitats y las especies que justificaron esa protección. Esa diferencia entre lo que aparece en los mapas y lo que sucede realmente bajo el agua será determinante para valorar el éxito de las políticas ambientales españolas.