El debate mundial sobre el aborto legal y gratuito se mantiene abierto, y se intensifica cuando surgen iniciativas para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Es una discusión polémica, influenciada por intereses políticos, religiosos y culturales, en la que se enfrentan dos partes con argumentos claramente definidos.
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Aborto Legal: Situación actual
En casi todos los países de Europa y América del Norte, así como en algunos países asiáticos, el aborto es legal. Las leyes con más restricciones sobre el aborto están concentradas en los países en vías de desarrollo, según el Instituto Guttmacher. Son 125 los países del mundo donde el aborto está prohibido por completo o permitido para salvar la vida o proteger la salud de la mujer.
Durante el siglo XXI, decenas de países han cambiado su legislación sobre el aborto, la mayoría ampliando las razones para permitir esta práctica. El caso más reciente, en 2018, fue el de Irlanda que logró mediante referendo la despenalización del aborto.
En Argentina, en cambio, se dio un intenso debate sobre el aborto legal, la propuesta de ley llegó hasta el senado, donde fue rechazada. Sin embargo, la repercusión del debate sobre el aborto legal en el país latinoamericano ha motivado a otras naciones a reimpulsar esta discusión siempre pertinente.
Los partidarios del aborto legal, seguro y gratuito, los pro-elección, defienden el derecho de la mujer a elegir si continuar o interrumpir su embarazo. Los partidarios de no legalizar el aborto, los anti-aborto, defienden el derecho a la vida desde la fecundación.
Cada una de las partes intenta influir en las esferas políticas y centros de decisión, y convencer al público indeciso para sumarlo a su causa.
A favor del derecho al aborto legal
Quienes defienden el establecimiento del aborto legal, seguro y gratuito alegan que con ello se permite que la persona gestante decida sobre su propio cuerpo. De esta manera, se preserva el derecho humano basado en el principio de la autonomía física. Se garantiza el respeto a elegir sobre tener o no tener hijos y cuándo hacerlo.
Los movimientos pro-elección argumentan que debe haber un marco legal que garantice el acceso al aborto de manera segura y gratuita. Los servicios de salud públicos deben proveer la atención especializada a las mujeres que elijan abortar.
Según esta postura, penalizar el aborto solo hace que esta práctica sea más peligrosa para la vida de niñas y mujeres. Al ser ilegal, la mujer o niña se ve obligada a recurrir a un centro clandestino, probablemente carente de condiciones óptimas de salubridad.
Para los partidarios del aborto legal, sin penalización se evitarían muertes y lesiones causadas por abortos inseguros.
Basan sus afirmaciones en estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher. Solo 1 de cada 4 abortos fue seguro en los países donde está prohibido completamente o limitado a preservar la vida o salud de la mujer. En los países donde el aborto es legal, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. La prohibición no logra reducir el número de abortos, según ambos organismos.
En todo el mundo, entre 2010 y 2014, 45% del total de todos los abortos practicados fueron abortos peligrosos. La gran mayoría (97%) de estos procedimientos considerados peligrosos según los estándares de la OMS, se realizó en países de África, Asia y América Latina.
Los pro-elección no consideran suficiente limitar el acceso al aborto legal a los casos de violación o incesto. O permitirlo en los casos de malformaciones graves y mortales del feto y cuando existe riesgo para la vida de la persona embarazada.
Esgrimen que con estas restricciones la mayoría de las mujeres y niñas quedan excluidas de la legalidad. La razón es que es bajo el porcentaje de abortos que se practican por estos motivos. Si están en situación vulnerable, y no tienen recursos para pagar atención privada, correrán todavía mayor riesgo.
Otro de los argumentos de los movimientos partidarios del aborto legal es que mientras la práctica sea penalizada, se estigmatiza a mujeres y niñas. Si eligen abortar, pueden ser criminalizadas y tachadas de inmorales. De igual modo, cuando solicitan atención médica tras un aborto, pueden ser discriminadas y excluidas.
Los movimientos que promueven el aborto legal defienden que se visibilicen las cifras y consecuencias vinculadas a los abortos clandestinos. Asimismo, exigen que se hagan más esfuerzos por proporcionar educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos.
En contra de legalizar el aborto
Los movimientos en contra de la legalización del aborto argumentan que el embrión es una vida humana, cuyos derechos deben respetarse. Para los partidarios de esta postura, el valor de la vida está por encima de todo.
De acuerdo con los anti-aborto, legalizar esta práctica es discriminatorio, se priva del derecho a vivir a las personas que no han sido deseadas. La persona embarazada no está decidiendo sobre su propio cuerpo, también lo hace sobre el de otro ser humano.
Defienden que una persona que enfrenta un embarazo no deseado, no puede tener como única salida abortar. Para ello, en lugar de establecer el aborto legal, el Estado debe aprobar leyes de protección a mujeres y niñas con embarazos no deseados. Darles acompañamiento y acceso a alternativas como la adopción.
Según esta postura, la legislación debe enfocarse en asegurar la educación sexual, la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos.
Alegan que si un aborto se practica porque el embarazo es producto de una violación, se añaden complicaciones físicas y psíquicas a la víctima.
Los anti-aborto tampoco son partidarios de interrumpir embarazos por malformaciones en el feto. Aducen que el valor de la vida no se puede medir por las minusvalías o defectos. Además, argumentan que las pruebas médicas prenatales no aseguran al 100% que el feto presente malformaciones.
Otro de los argumentos es que la legalización no asegura que desaparezcan los abortos clandestinos. Si es un embarazo no deseado, aun cuando sea legal interrumpirlo, la mujer, adolescente o niña puede sentir vergüenza. Podría sentir temor a ser señalada y discriminada, lo que la podría llevar a ocultar su condición y acudir a un centro ilegal.